La Audiencia Nacional investiga un supuesto contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a Venezuela que, según informan varios medios españoles, ya está en manos del juez instructor y de la Fiscalía Anticorrupción. El documento se incorpora a las pesquisas sobre una presunta financiación irregular del PSOE.
El contrato, aportado por el empresario Víctor de Aldama, estaría relacionado con la comercialización de un cupo de petróleo venezolano detectado por la Guardia Civil en el marco del caso de los hidrocarburos. Aldama declaró ante el magistrado que, a petición del exministro socialista José Luis Ábalos, entregó dinero en efectivo a Koldo García para sufragar gastos del partido.
Según la versión de Aldama, ese dinero procedía de un primer adelanto de la petrolera estatal venezolana y habría sido canalizado a través de un entramado internacional de sociedades y contratos supuestamente simulados. El contrato data de 2019 y procede de Apamate Corporate and Trust, S.L., sociedad dirigida por Francisco Flores, cuyo nombre también aparece vinculado al caso Plus Ultra.
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Sobre el papel, la operación contemplaba el pago de 15 millones de euros a cambio de comercializar petróleo venezolano. Sin embargo, Aldama ha declarado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que el supuesto objetivo que le habrían planteado Ábalos y Koldo García era conseguir fondos para el PSOE.
Los fondos habrían ascendido a cinco millones de euros y, según las informaciones publicadas, habrían sido canalizados a través de Rusia. De esa cantidad, 300.000 euros habrían terminado en cuentas bancarias de Aldama en España. El empresario sostiene que retiró ese dinero en efectivo y se lo entregó directamente a Koldo García para financiar gastos del PSOE.
Aldama fue más allá en su declaración y aseguró que Pedro Sánchez conocía estas operaciones. Se trata, en cualquier caso, de una afirmación del empresario que deberá ser contrastada en el marco de la investigación judicial.
Con la documentación ya en manos del juez Ismael Moreno y de la Fiscalía, la investigación deberá determinar la veracidad y el destino de los supuestos pagos, así como esclarecer si tuvieron alguna relación con decisiones del Ejecutivo español respecto a Venezuela.
Según las informaciones publicadas por medios españoles, la causa continuará bajo secreto mientras se esperan nuevos atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otras diligencias pendientes.