El número de colombianos que acudieron a procesos de insolvencia de persona natural aumentó 374% durante el gobierno de Gustavo Petro, frente al periodo de Iván Duque, según un informe de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera.
El análisis señala que durante la administración de Duque se reportaron 11.387 trámites de insolvencia de persona natural, mientras que durante el mandato de Petro la cifra ascendió a 53.920 casos.
El resultado refleja, según el informe, un deterioro en la capacidad de pago de los hogares y una mayor presión sobre las finanzas personales.
El informe identifica diferencias entre las causas de la insolvencia durante ambos gobiernos. En el caso de Duque, el aumento de las solicitudes estuvo asociado principalmente con el impacto económico de la pandemia del covid-19.
Durante el gobierno Petro, en cambio, el estudio atribuye el incremento a una combinación de alta inflación, precarización laboral y pérdida del empleo formal.
Cerca del 45% de los colombianos que se declaran en quiebra señalan que la principal causa de su situación financiera es la falta de empleo.
A esto se suma el aumento de la informalidad laboral. De acuerdo con el informe, esta pasó de 48,4% de los ocupados en 2021 a 54,5% en 2025.
Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, explicó que el aumento de la informalidad tiene un efecto directo sobre la vulnerabilidad económica de los hogares.
"Cada punto porcentual que aumenta la informalidad representa a 242.000 nuevas personas o familias que entran en condiciones de vulnerabilidad, lo cual presiona al alza la búsqueda de trámites como la insolvencia. Durante el gobierno de Gustavo Petro, más de 1 millón de personas ingresaron a la informalidad", anotó.
El fenómeno también tuvo una marcada dimensión regional. Caquetá, Tolima y Nariño fueron los departamentos donde más crecieron las declaraciones de insolvencia durante el periodo analizado.
Los incrementos reportados fueron de 13.000% en Caquetá, 1.908% en Tolima y 840% en Nariño.
El informe señala que estos resultados coinciden con regiones en las que se ha documentado un aumento en la presencia de actores armados ilegales, un factor que, de acuerdo con el análisis, puede estar relacionado con las condiciones económicas y sociales de los hogares.
El estudio también encontró diferencias en el perfil socioeconómico de las personas que ingresaron a procesos de insolvencia.
A partir de una muestra propia de clientes asesorados durante los últimos ocho años, Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera señala que los colombianos que entraron en quiebra durante el gobierno Petro pertenecieron principalmente a los estratos 4, 5 y 1.
Particularmente llamativo resulta el comportamiento del estrato 1, donde los casos de quiebra observaron un crecimiento superior al 400%.
Para los autores del informe, este resultado representa un contraste con las políticas públicas de inversión social anunciadas durante el gobierno saliente.
El informe advierte además sobre otro factor que habría contribuido al crecimiento de los procedimientos: el aumento de centros de conciliación y asesores que promueven insolvencias fraudulentas.
Esta problemática, según el documento, ya había sido denunciada por la Asobancaria, que ha advertido sobre prácticas irregulares dentro del ecosistema de insolvencia.
La presión sobre las finanzas de los hogares continúa durante 2026. Entre enero y agosto de este año se contabilizaron 16.896 nuevas solicitudes de insolvencia de persona natural, de acuerdo con las cifras del informe.
Inicialmente, Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera había proyectado entre 22.000 y 25.000 nuevos casos para todo 2026.
Sin embargo, el comportamiento de las variables económicas y sociales podría llevar la cifra a superar ese rango. El informe advierte que las presiones socioeconómicas derivadas de desastres naturales recientes podrían incrementar el número de personas que busquen acogerse a los mecanismos de insolvencia.
El panorama proyectado para 2027 es más favorable. El informe estima que los trámites de insolvencia podrían comenzar a estabilizarse el próximo año.
Esta expectativa estaría sustentada en tres factores: el mayor dinamismo de la inversión privada proyectada durante el actual gobierno de De la Espriella, unas mejores condiciones macroeconómicas y una fiscalización más rigurosa sobre los centros de conciliación y otros actores que participan en los procesos de insolvencia.
El comportamiento de estos trámites será, por tanto, un indicador relevante para medir la evolución de la capacidad de pago de los hogares colombianos y el impacto que tengan las condiciones laborales y económicas sobre el nivel de endeudamiento de las familias.
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